Los países de la UE pactan normas de acceso a fondos de investigación hasta 2020

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El Consejo de Ministros de Competitividad de la UE ha alcanzado un acuerdo político sobre las normas para que los proyectos de investigación accedan a los fondos europeos entre 2014 y 2020, y recoge la propuesta de España de financiar al 100% a los centros de investigación de prestigio.

Tras un largo día de negociación, los ministros, reunidos en Luxemburgo, consensuaron que las instituciones públicas sin ánimo de lucro que garanticen una buena gestión de su financiación, puedan optar a un reembolso de hasta el 100% de los gastos indirectos vinculados a proyectos, como puede ser el uso de sus instalaciones.

Esa tesis era defendida por España, Alemania, Reino Unido, Finlandia, Holanda, Austria, Bélgica o República Checa.

La propuesta de la Comisión Europea se basaba en simplificar la solicitud y adjudicación de fondos europeos bajo la iniciativa "Horizonte 2020", la estrategia comunitaria para impulsar la investigación y la innovación en el periodo 2014-2020, a la que quiere dotar de 80.000 millones de euros (la cifra final aún debe ser consensuada por el Parlamento Europeo y el Consejo).

El objetivo era evitar el exceso de burocracia, los errores de cálculo, las auditorías e incluso farragosos procesos de devolución de ayudas europeas. Para ello, la Comisión había propuesto en líneas generales reembolsar el 100 % de los costes directos de los proyectos y un 20% de los costes indirectos (uso de las instalaciones de las universidades o centros de investigación).

Tras la presión ejercida por países como España o Alemania, los socios comunitarios acordaron aumentar el reembolso de los costes indirectos de los proyectos seleccionados hasta el 25%, e incluir como costes directos o "elegibles" aquellos indirectos que efectúen centros de investigación que reciban una certificación de la Comisión Europea por su excelencia.

España pretendía que las instituciones que ponen al servicio de proyectos comunitarios sus costosas y modernas infraestructuras, no salieran desfavorecidas en el reparto de la financiación.

La secretaria de Estado española de Investigación, Carmen Vela, defendió en una de sus intervenciones que "la simplificación es perfectamente compatible con asegurar que el nuevo enfoque no perjudique gravemente a excelentes participantes".

En concreto, se refirió a aquellas instituciones públicas sin ánimo de lucro que "han hecho un esfuerzo muy importante por implantar sistemas de contabilidad analítica para la gestión de sus proyectos". "Es esencial mantener esa buena práctica de gestión, que permite conocer los costes indirectos realmente incurridos, y creemos que deben seguir siendo considerados como elegibles para su reembolso", añadió. El otro punto que quedaba por resolver era la remuneración de los investigadores.

El grupo de los últimos doce países adheridos a la UE -que contribuyen plenamente al programa marco de investigación pero que reciben a cambio una baja rentabilidad- y Croacia reclamaban equiparar los salarios de sus investigadores a la remuneración de los de otros Estados miembros (en ocasiones, hasta diez veces inferiores). Otros Estados miembros, como Suecia, se mostraron contrarios a ofrecer primas a los investigadores.

Finalmente, el acuerdo alcanzado propone establecer unas primas máximas de 8.000 euros anuales por persona, de forma que se limite a esa cantidad las ayudas que reciban los investigadores beneficiarios de fondos europeos y se den más garantías sobre el control financiero.

(Fuente: EFE)