Ya están en marcha las nuevas convocatorias de los programas InnovaPeme y DeseñaPeme, con las que la Xunta de Galicia prevé apoyar alrededor de 90 pymes y microempresas en el objetivo de introducir las ventajas de la innovación en procesos, organización, productos y servicios. Se invertirán 4,3 millones de euros que permitirán movilizar 8,6 en sectores tan importantes como las industrias auxiliares conserveras, las TIC o el mundo automovilístico, entre muchos otros.
Las siete ciudades gallegas contarán con centros de ciberseguridad a través de un plan de digitalización financiado por el Gobierno, que distribuirá más de 3,6 millones de euros entre las urbes. Las subvenciones están vinculadas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y forman parte de los 89,4 millones que el Gobierno repartirá entre 145 Administraciones locales de toda España.
Pequeñas empresas y autónomos de Galicia pueden mejorar el ahorro y la eficiencia energética de sus negocios gracias a la puesta en marcha del programa Bono Enerxía Peme. Estas ayudas, impulsadas el pasado año para reactivar la economía a raíz de la situación generada por la crisis sanitaria de la Covid, se vuelven a convocar dentro del Plan de choque de la Xunta de Galicia. El objetivo es hacer frente a la actual carestía de los productos energéticos y la situación de inflación.
La digitalización ha impactado de pleno en el ámbito empresarial, que lucha por adaptarse a las nuevas exigencias del mercado y compite por contratar a los profesionales más cualificados. Más que nunca, las empresas buscan a desarrolladores, programadores, arquitectos de ciberseguridad e ingenieros de inteligencia artificial para incorporar a sus plantillas. También a analistas de big data, una de las joyas en el ecosistema digital. Pero no siempre es fácil dar con ellos, ya que faltan trabajadores especializados en este ámbito tecnológico.
Papeles, trámites, plazos, costes... Acceder a los fondos europeos se ha convertido para las empresas en un quebradero de cabeza, en un proceso falto de transparencia que puede terminar haciendo perder a España el tren de la transformación económica. La hoja de ruta trazada por el Gobierno está empedrada de complicaciones, de una burocracia asfixiante que puede alargar el proceso de concesión de ayudas hasta ocho meses.
Hace años que, afortunadamente, la presencia de la mujer en la universidad se ha normalizado. Hoy son más ellas que ellos en los estudios de grado en España. Sin embargo, hay carreras que parecen seguir vetadas para las mujeres. En especial, las que se relacionan con las disciplinas STEM (acrónimo que incluye ciencia, tecnología, ingeniería y también matemáticas). Las cifras así lo muestran. En el ámbito de la educación, ellas tienen mucha presencia (77,9% por 22,1% los chicos), según datos del Ministerio de Universidades.
En la Unión Europea, solo una de cada diez patentes de tecnología propia de la cuarta revolución industrial viene de una empresa pequeña o mediana. En España, esa proporción se duplica: dos de cada diez de estas solicitudes de protección de innovación procede de una pyme, lo que supone la tercera proporción más alta en el ranking europeo.
Galicia ya tiene definida la nueva Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) de Galicia hasta 2027, que sitúa la sostenibilidad, la innovación y las personas como los ejes de las políticas de I+D+i de la Xunta con una movilización extraordinaria de fondos de casi 5.000 millones de euros de inversión pública-privada.
El Ministerio de Industria pone la disposición de las empresas y pymes 140 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para avanzar en la transformación digital de la industria de Galicia. El Boletín Oficial del Estado publicó el anuncio de las ayudas Activa Financiación, de apoyo financiero a proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la Industria Conectada 4.0.
El Consello de la Xunta ha aprobado una nueva línea de ayudas para consolidar pequeñas y medianas empresas (pymes) del sector biotecnológico con menos de ocho años de antigüedad. Se destinarán a este fin hasta tres millones de euros, procedentes de los fondos REACT-UE.
